La última de las medidas reformistas puesta encima de la mesa es la Ley de Transparencia que pretende limitar las responsabilidades de los políticos en sus tomas de decisiones entre otros objetivos. Una ley que para unos se quedará corta, pero que realmente es un primer intento de establecer responsabilidades a determinadas decisiones, más allá de lo que juzguen los ciudadanos en el momento de ejercitar su derecho de voto, así como de facilitar el acceso a la información pública por parte de los administrados.
Me ha sorprendido pero el titular de La Vanguardia del sábado 24 de marzo: “El político que gestione mal será apartado 10 años”. Claro que los titulares a menudo simplifican los temas, pero ¿que significa gestionar mal? ¿que entendemos por ello? Yo puedo gestionar bien un hospital, de una forma que se considere excelente, pero generar un déficit extraordinario, porque mis ingresos estén por debajo de mis gastos. Unos ingresos que proceden de la Administración que no me está pagando de una forma correcta los servicios que estoy prestando. Pensaran que estoy minimizando el tema, pero podría ser así de sencillo. Será necesario pues que la Ley sea rigurosa en este punto, y defina con claridad que significa gestionar “mal” los recursos públicos.
Cuando yo fui nombrado Consejero de Sanidad por el Presidente Pujol en 1996, me encontré con un déficit acumulado de 140.000 millones de las antiguas pesetas, y un presupuesto al que le faltaban 40.000 millones para equilibrar el resultado a cero. La insuficiencia presupuestaria era clara, admitida por la totalidad de las fuerzas políticas y por el sector sanitario en su conjunto. Llevábamos años reclamando un presupuesto sanitario suficiente, que contemplara por un lado incrementos interanuales superiores al PIB, y por otro que aflorara de una vez la deuda acumulada para poder poner el “contador a cero
De hecho en las negociaciones de CiU con el PP que se llevaron a cabo en 1996 y que cristalizaron en lo que se llamó el "Pacto del Majestic", la mejora del sistema de financiación sanitaria ocupó un lugar destacado. Tuve la oportunidad de asistir a múltiples reuniones en la sede del Ministerio de Economía en la calle Alcalá. Allí conocí personalmente a Rodrigo Rato, por aquel entonces Ministro de Economía del primer Gobierno del Presidente Aznar, y a los sub-secretarios Cristóbal Montoro y Juan Costa.
Las reuniones generaban mucha expectación mediática, ya que la mejora del sistema de financiación fue considerada uno de los puntos clave del acuerdo entre ambos partidos políticos. El pacto contempló una mejora, pero del todo insuficiente. Fue un acuerdo que costó mucho digerir a las bases de CDC y UDC. Hay que decir que la mejora no solo benefició a Cataluña, por lo que hace referencia a la financiación sanitaria, sino a todas las CCAA que tenían en aquel momento competencias sanitarias (6 con la excepción del País Vasco).
Uno de los puntos más controvertidos de aquel acuerdo fue el compromiso que asumía el gobierno central de llevar a cabo unas medidas de racionalización del gasto en la prestación farmacéutica que permitirían ahorrar unos 60.000 millones de euros anuales. Tales medidas no se llevaron a cabo, más allá de lo que se llamó el “segundo medicamentazo”, por lo que no hubo tales ahorros y como contrapartida el gasto no disminuyo lo que habíamos previsto. Otro de los puntos controvertidos en las discusiones con Economía, y que finalmente no se incluyó en el acuerdo, fue nuestra oposición a la voluntad del gobierno de eliminar los beneficios fiscales del gasto sanitario privado, en particular el refrente a las pólizas privadas en seguros de salud. La retirada de este incentivo afectaba especialmente Cataluña, dado el alto nivel de doble cobertura existente, pero resultó imposible convencer a Rato –que aparentemente hubiera tenido que estar a favor de una medida de estas características, de las bondades de incentivar el aseguramiento privado, dado el ahorro que para el sistema público representaba que un ciudadano tuviera una póliza de seguros privada.
Pero volviendo a la Ley, si a mí se me hubiera juzgado bajo los parámetros del titular de LV del pasado sábado, es más que probable que hubiera acabado inhabilitado dada la insuficiencia con la que tuve que gestionar el Departamento. La realidad es que supimos apretarnos el cinturón, e íbamos cuadrando año tras año el presupuesto dentro de los parámetros que me marcaron los sucesivos Consejeros de Economía, si bien con un incremento moderado del déficit.
Lo que no hice es tirar la casa por la ventana, especialmente en cuanto a inversiones se refiere. Aquí tuvimos que buscar fórmulas imaginativas que nos permitieron avanzar en la reforma de la atención primaria, o en la remodelación y ampliación de algunos hospitales. La verdad es que no construí ningún hospital sin enfermos, de la forma en que se han construido en España aeropuertos sin aviones y otras obras monumentales que hoy por hoy no pueden mantenerse. Gestionamos la escasez y lo hicimos bien, con la colaboración de todo el sector sanitario, conscientes de que una buena parte de esta insuficiencia la soportaban nuestros profesionales sanitarios.
Se debería por lo tanto distinguir entre lo que es malversar fondos públicos y lo que es gestionar con recursos insuficientes. Hoy desgraciadamente el escenario es muy distinto. Ya no podemos seguir maquillando cifras ni generando deficit, y hemos de adaptar los gastos a los ingresos. En un ámbito tan sensible como el sanitario esta situación puede generar tensiones extraordinarias. Estamos hablando de listas de espera, de disminución de la calidad asistencial, de precariedad laboral, de riesgos graves para determinados pacientes. De aquí la necesidad repetida de afrontar una reforma estructural de nuestro sistema, que permita valorar la buena y la mala gestión, no en relación única y exclusiva al déficit, sino a otros parámetros que midan la eficiencia manteniendo un alto nivel de calidad y de satisfacción de los ciudadanos.
Madrid , 26 de marzo de 2012
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